Con el buen tiempo, los días más largos… comenzamos a salir más y aumentamos el número de desplazamientos por carretera, bien para escapadas cortas de fin de semana, bien para disfrutar de unos días de descanso como anticipo a las vacaciones veraniegas.

El temor a los radares y a la consiguiente multa nos ha llevado a hacernos con diversos artilugios para detectar su presencia (avisadores, detectores o inhibidores). Pero no todos ellos son legales.

El avisador de radar es un dispositivo que avisa al conductor de las localizaciones de los radares fijos, partiendo de una base de datos que recoge los radares fijos instalados por la DGT y cuya información es pública. Además, detecta los puntos en los que alguna vez las autoridades han colocado radares móviles. Esta última circunstancia hace que los avisadores no puedan garantizar ni detectar la existencia de radares móviles y que no sea posible eludir la vigilancia de los agentes de tráfico. Su utilización es completamente legal ya que no interfiere en los sistemas de vigilancia del tráfico.

Aviso radar carretera

Imagen derivada CC BY 2.0 por Metro Centric

Un segundo instrumento que también localiza los radares son los detectores. Se trata de sistemas que mediante una antena de radio o GPS detectan dónde se sitúan los radares, fijos y móviles. Su dispositivo emite señales que rastrean la carretera en busca de radares. Desde 2014 está prohibido el uso de estos aparatos. De hecho, saltarse esta prohibición está tipificado como infracción grave y supone una sanción de 200 euros y 3 puntos menos.

Por último, existen los inhibidores de radares. Son dispositivos que interfieren en los sistemas de vigilancia del tráfico, anulan por completo las emisiones de los radares y además de que evitan detectar el exceso de velocidad del vehículo que lo lleva, impiden que los vehículos de alrededor sean multados. Estos instrumentos son totalmente ilegales y su uso conlleva multas que pueden llegar a los 6.000 euros, además de la retirada de 6 puntos del carné de conducir. Incluso los instaladores de inhibidores pueden llegar a ser multados con sanciones que oscilan entre los 3.000 y los 20.000 euros.